Artículo de Joan Romero, Oriol Nel·lo y Onofre Rullán publicado en El País el pasado jueves.
En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?
La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete «con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica» parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.
Asimismo, el anuncio de que se procederá a la «recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas, mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales», podría verse como un incentivo a la degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación se ha producido por evolución natural.
La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva. Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y moral.
Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación costosísima.
Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas Baleares, y Joan Romero, de la Universidad de Valencia firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio Zoido.
Fuente: El País
Manifiesto por la preservación y gestión de los espacios costeros
